Juan Carlos Díaz, soltero, de 37 años, trabajaba como custodio privado en el barrio cerrado La Legua, en Boulogne. Solía portar arma. El 19 de marzo de 2009, durante un recorrido interno en un carrito de golf atropelló a un nene de 4 años.
Los testigos dicen que que después de embestir al niño lo arrastró ocho metros, y que después de que sacaron al nene herido de abajo del carro, ¡Díaz siguió su ronda!
Dos años después, Díaz iba a ser juzgado por “lesiones culposas” (o sea, sin querer), pero sus abogados Gustavo Romano Duffau y Gerardo Pardo anunciaron que su defendido había muerto, atropellado por un tren. Presentaron un certificado de defunción de un NN, es decir, de alguien no identificado.
Pese a la objeción de la familia del nene, el juez Fernando Ochoa suspendió el juicio. Y comenzó un escándalo
El abogado de la familia, Gregorio Dalbón, y el juez discutieron a los gritos. Había cámaras de televisión. El magistrado dijo luego que Dalbón le pegó y dio una conferencia de prensa con sangre en el brazo. Las imagenes de video lo desmintieron. Se tiró solo al piso.
Dalbón pidió que el supuesto cadáver de Díaz fuera identificado fehacientemente. Como el juez se excusó del caso, todo se demoró hasta que pasó a otro magistrado.
Tras cuatro pedidos denegados, la jueza Emma Prada finalmente ordenó la exumación. El cuerpo pertenecía a una anciana.
Díaz tenía varias causas previas y una condena en suspenso por robo. Pero hoy no se sabe dónde está.
El juez Ochoa fue denunciado por mal desempeño y otros cargos, pero renunció justo cuando empezaba el jury.
El mismo magistrado había renunciado anteriormente como juez en lo Penal Económico, también cuando iba a ser juzgado, en este caso por incumplimiento de deberes de funcionario público en una causa por contrabando de armas durante el conflicto por el Beagle.
El caso completo lo investigó Alejandro Marinelli, de Clarín (http://www.clarin.com/diario/2009/02/22/um/m-01863959.htm)
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